El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) es un apartado importante dentro del sistema legal español. Este artículo trata sobre los derechos y garantías que tienen las personas que han sido privadas de su libertad durante un proceso penal.
Índice
Privación de libertad
El artículo 520 establece que toda persona detenida o presa tiene derecho a ser informada de manera inmediata y en un lenguaje claro y comprensible de los motivos de su detención, así como de los derechos que le asisten.
1.1. Asistencia de abogado
Uno de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 520 es el derecho a la asistencia de un abogado. La persona detenida o presa tiene derecho a ser asesorada y defendida por un abogado desde el mismo momento en que se le comunique su detención.
1.2. Disposición de la autoridad
El artículo también establece que la autoridad judicial o policial que tenga a cargo la custodia de la persona detenida o presa debe ponerla a disposición de la autoridad judicial en un plazo máximo de 72 horas desde el momento de la detención.
Derecho a ser oído
Otro aspecto importante contemplado en el artículo 520 es el derecho de la persona detenida o presa a ser oída por la autoridad judicial competente en un plazo máximo de 24 horas desde su detención. Esto implica que la persona tiene derecho a exponer su versión de los hechos y a ser escuchada antes de que se tomen decisiones sobre su situación legal.
Demora injustificada
El artículo 520 establece que toda persona detenida o presa tiene derecho a ser puesta en libertad si se produce una demora injustificada en la tramitación del procedimiento penal. Esto garantiza que las personas no sean privadas de su libertad de manera indefinida sin que se resuelva su situación legal.
Derecho de defensa
El artículo también establece que la persona detenida o presa tiene derecho a designar libremente a su abogado de confianza o a solicitar la designación de un abogado de oficio si no puede costearse uno. Esto garantiza que todas las personas tengan acceso a una defensa legal adecuada.
Colegio de abogados
El artículo 520 también hace referencia al papel del Colegio de Abogados en la garantía de los derechos de las personas detenidas o presas. Establece que el Colegio de Abogados debe velar por el cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en este artículo.
Preguntas Frecuentes – FAQ
¿Qué dice el artículo 520?
El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una disposición legal que regula el procedimiento de habeas corpus en España. Establece los derechos y garantías que tienen las personas detenidas para solicitar la puesta en libertad ante un juez en caso de considerar que su detención es ilegal o arbitraria.
¿Quién puede iniciar el procedimiento de habeas corpus?
El procedimiento de habeas corpus puede ser iniciado por la persona detenida o por cualquier persona en su nombre, ya sea un familiar, abogado u otra persona autorizada. El objetivo es proteger los derechos fundamentales de la persona detenida y garantizar que no se produzcan detenciones ilegales o arbitrarias.
¿Qué plazo tiene el juez para elevar la detención a prisión o dejarlo en libertad?
El juez tiene un plazo máximo de 72 horas para decidir si eleva la detención a prisión o si ordena la puesta en libertad de la persona detenida. Durante este periodo, el juez debe evaluar la legalidad de la detención y considerar si existen motivos suficientes para mantener a la persona en prisión o si debe ser liberada.
¿Quién está exento de denunciar en la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que ciertas personas están exentas de la obligación de denunciar un delito. Estas personas incluyen a los cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos del presunto delincuente, así como los representantes legales y abogados de la persona acusada. Sin embargo, en casos de delitos graves o de especial relevancia, la exención de denunciar puede no aplicarse.
Claves para entender el artículo
El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es fundamental en el sistema legal español para garantizar los derechos y las garantías de las personas que han sido privadas de su libertad durante un proceso penal. Establece el derecho a la asistencia de un abogado, el derecho a ser oído, el derecho a no sufrir demoras injustificadas y el derecho a la defensa legal. Además, destaca el papel del Colegio de Abogados en la protección de estos derechos. Es importante que todas las personas conozcan estos derechos para poder ejercerlos de manera efectiva.